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Ha tenido que ser un juez de Zaragoza, quien, de una vez por todas, le plante frente y ponga firme a un cuerpo estatal que se está empeñando en hacerse odioso y repelente. Poco menos que el juez Lasala ha puesto a escurrir como a una mopa a la Abogacía del Estado, que pretende que se le dé carpetazo al caso Ghali, el polisario acusado de crímenes contra la humanidad, que fue introducido en nuestro país de manera clandestina para ser tratado del coronavirus. De hecho la exministra de los Exteriores sor Laya -en definitiva el Gobierno-, se encuentra imputada por delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad. El juez está más que convencido de que el Gobierno comunista de España vulneró el Código de Fronteras.
Así se hace. Para eso están los jueces, para aplicar la ley. El de Zaragoza ha superado, por güevos, al juez del Supremo, Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzgó a los chorizos delincuentes catalanes autores del intento del Golpe de Estado. Marchena y su tribunal dieron por buena la calificación de los hechos como sedición, como exigió la Abogacía del Estado, y no como de rebelión, como mantenía la Fiscalía. Las penas para los acusados se habrían incrementado consecuentemente, aunque, luego, al final, para que elBandido Prepotente los haya indultado. Un don nadie, que ni quisieron los equipos de baloncesto, llegado a presidente del Gobierno de España, los ha sacado de prisión.
Y no solo eso, los ha indultado, sino que se está estudiando -él no, lo del estudio para él es tabú, y como ejemplo sus plagios en su tesis doctoral- , como ya adelantó el nefasto elCetapé, buscar la manera de que pueda regresar a España el huido de la Justicia y golpista catalán, el de Waterlóo. Por lo que pánico da pensar en que también detrás de esto esté la Abogacía del Estado, que en teoría debería defender a los ciudadanos, sí, pero a los honrados ciudadanos, no a los delincuentes y chorizos golpistas, que se encuentra en busca y captura por orden de la Justicia, en concreto por la orden dictada por el juez Llarena. Por cierto, y en relación a esta orden que se encuentra en vigor, la Abogacía del Estado favoreció con un engaño todo el entramado que se creó cuando elPuchi fue detenido e Italia denegó su extradición.
Preocupante la situación que se está planteando en el país con las actuaciones de la Abogacía del Estado. ¡A ver quién las juzga! Y las no menos polémicas de fiscales del Estado, sometidos al orden jerárquico. Por si alguno no se había enterado, el orden jerárquico es la Fiscalía General del Estado, en manos de la exministra de Justicia, la socialista Dolores Delgado, unida sentimentalmente al exjuez Garzón, apartado de la carrera judicial por prevaricación. ¡De quién depende la Fiscalía! Pues, eso. Y también preocupa la salud mental de la ministra de Igualdad. En las redes sociales se ha armado un revuelo por sus últimas declaraciones. Los internautas consideran que está como una chota. Pero, que no se equivoquen, lo que ha demostrado la excajera de supermercado, ya solo con su lenguaje inclusivo, es que es una gilipollas.