Vaya, vaya, vaya. Resulta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), después de no se sabe cuánto tiempo ha pasado, comienza a considerar que el presidente de la Generalidad -no nos olvidemos, el mejor pagado de España, con 144.000 euros- pudo cometer un delito de desobediencia al permitir el referéndum del 9 de noviembre. Por eso, podría tener que pagar una multa y ser inhabilitado para la vida política, en su mayor amplitud. Para este viaje no hacían falta estas alforjas: la inhabilitación de este delincuente ya se adelantó en este blog el pasado día cuatro: "Corrupción en 2015, más de dos mil imputados en espera".