El desternilleo de Mas

No lo acusan de malversación de fondos públicos, porque

contrató empresas antes de que se pronunciara el Constitucional

El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Juan Manuel Abril, es un miedica. Y punto. No se ha atrevido a pedir un vehículo que transporte al delincuente y golpista Arturo Mas caminito de Jerez. Ha pedido para el expresidente de la Generalidad una inhabilitación de diez años por lo de aquello de las urnas del 9N de 2014, por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional. Lo de la malversación de fondos públicos, ya digo, se le olvidó al fiscal. Pues que sepa que la payasada costó una pasta, una pasta suya, una pasta nuestra.

El magistrado Abril considera en sus conclusiones que existen indicios de que los tres miembros del Gobierno catalán de entonces -además del delincuente, las consejeras Irene Rigau y Juana Ortega, "cooperadoras necesarias", para las que también pide la inhabilitación por un período de nueve años- eran conocedores de la resolución del Constitucional que impedía la consulta y que no la acataron. Pero, coño, que no nos haga ser mal hablados el señor fiscal, que eso lo sabía hasta el más miserable de los perroflautas que anda por allí "pallá". ¡Leche, a qué viene eso de que existen indicios! Si alberga la menor duda, que pregunte por la calle, porque es que va a resultar que sabemos más los ciudadanos de a pie y destroza zapatos, que el fiscal mismo y el delincuente, que disponía de equipo jurídico y gabinete de prensa propios. Reírse, lo que se dice reírse, el delincuente se ha reído todo lo que ha querido, y más, pero con lo del fiscal se estará desternillando. Que es que, así y todo, siguieron con los preparativos del sufragio, contratando empresas y haciendo urnas. En resumen, gastando del dinero público.

Y para llegar a esa conclusión -un poco en duda, no obstante, porque sólo parece que "existen indicios"- ha dejado el señor fiscal que pase tanto tiempo. Es que pese a la pertinaz sequia, anda que no ha llovido desde entonces. Es como si nos viene a descubrir dentro de cuatro años que existían de entonces -por ahora- indicios de que elPuijidemon fue el que anunció y promovió el referéndum que ya ha anunciado a bombo y platillo para septiembre próximo, se ponga como se ponga laAnnaGabriela- no la de las tele novelas sudamericanas-, sino la de la axila que apesta, la de las CUP. O que hubo indicios de amenaza -por ahorita mismo- a sus conciudadanos por parte de elPuijidemón si no ingresaban los dineros en la su Hacienda, en sus distintas acepciones, que es lo que está llegando a parecer realmente la Agencia Tributaria Española.

Lo que clama al cielo -y que nuestro Señor nos lo perdone- es que al final no se haya incluido en la "tramoya" el delito de malversación de fondos, que conlleva penas de prisión, vamos, de cárcel. El caso es que en principio se había metido en la querella del fiscal. Esta acusación desapareció en verano, aprovechando el "ferragosto". Para los fiscales, sesudos ellos, la conclusión era sencilla: había "un margen de duda". Razón: los gastos de todo el evento fueron comprometidos con anterioridad a la suspensión del Constitucional, pero es que, incluso, algunos de estos gastos se pagaron después, para más recochineo. Lo que resulta evidente es que contrató a empresas con dinero público. Por poner un  ejemplo: si alguien contrata a un sicario y, además, lo hace público, y luego un tribunal le dice que ojito, ojito que eso no se hace, que eso no se dice, que eso no se toca, ya no pasa nada, porque se lo han dicho después de haberlo contratado, y él va y actúa. Pero, claro, como el sicario ya estaba contratado el responsable último, ya lo saben, si cabe, los tribunales y de paganos todos los demás.