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miércoles, 29 de marzo de 2017

El asesino de Miguel Angel Blanco, en la calle

Puede que haya llegado el principio del fin de la condena de uno de los más sanguinarios asesinos de ETA. El juez de Vigilancia Penitenciaria ha concedido permiso a Chapote para poder salir de prisión para ver a su padre, que, al parecer, está impedido y no puede trasladarse hasta el reciento penitenciario para visitar a su hijo. No deja de ser curioso que el mismo juez que le denegó la salida el pasado mes de enero, sea ahora el que le otorga esta gracia, en contra del dictamen de la Junta de Tratamiento de la prisión de Huelva, que no considera oportuna la concesión del permiso. Para mí que esto crea alarma social.

El juez José Luis Castro, de la Audiencia Nacional, basa su decisión en el artículo 155 del Reglamento Penitenciario, en el que se recogen la salidas extraordinarias de los presos. Así, se podrán otorgar permisos por el "fallecimiento o enfermedad grave  de los padres o cónyuges, hijos, hermanos y otras personas íntimamente ligadas a los internos". La interpretación de esto, ya ven, la de un juez, en contra de la Junta de la prisión. El asesino etarra saldrá de prisión por un "tiempo imprescindible" y bajo custodia policial y con las medidas de prevención necesarias.
O sea que, según como se mire, el etarra contará para su desplazamiento -entendemos- desde Huelva hasta el País Vasco con un vehículo oficial y escolta policial y que los gastos del viaje correrán a cargo del erario público, que, aunque pueda ser del dinero que el gobierno vasco de Urcullu destina a los familiares de los presos etarras para sus desplazamientos, no deja de ser la guita de todos nosotros. Vamos, que ni un marqués: comido, bebido, con transporte y con escolta.
Llama la atención que este permiso penitenciario se le conceda al asesino coincidiendo con el veinticinco aniversario del descabezamiento de la cúpula militar etarra, con el anuncio -hace unos días- de la banda terrorista de que va a proceder a su desarme y con la petición-imposición del lendacari, del PNV, al Gobierno de España para que acerque a los presos etarras a prisiones que no estén a más de doscientos cincuenta kilómetros de las provincias del norte.
¡Qué casualidad! En enero, ya digo, el juez le deniega el permiso a Chapote y ahora se lo da. ¡Cuántos presos habrá en las cárceles españolas, con delitos mucho menores que el de asesinar, cuyos padres estén en situación similar al del sanguinario y no se les concede la gracia! Pero, ojo, que el artículo 155, como vemos, se puede interpretar, hasta el punto de que hoy es el progenitor el que está impedido, pero mañana puede ser cualquier otro familiar, incluso alguna "persona íntimamente unida" al reo. Y hoy por el uno, mañana por el otro, corremos el riesgo de que día sí día también el asesino ande de viaje continuo, a gastos pagos. O que se le conceda el tercer grado, y cuando queramos darnos cuenta esté tomando vinos por sus tabernas, como hizo Bolinaga, el guardián del zulo donde se pasó más de quinientos días secuestrado Ortega Lara. A Bolinaga lo "soltaron" porque estaba en estado terminal, su muerte, dijeron, era inminente; hasta que falleció disfrutó de sus errico tabernas durante más de dos años.
¡Qué dirán a todo esto las víctimas de los asesinos etarras! El menosprecio del juez hacia ellas es evidente; la alarma social, también. Los muertos, muertos están: Miguel Ángel Blanco, Fernando Múgica, Gregorio Ordóñez, José Luis López de la Calle, Alfonso Morcillo, Irene Fernández, José Ángel de Jesús, entre otros. Más de cuatrocientos años de prisión, pero sólo cumplirá hasta 2042, cuando tenga setenta y seis años. De momento, Chapote saldrá de prisión "un tiempo imprescindible". Ya veremos más adelante. El que estará contento será el podemita Pablo Manuel, el amigo de los etarras.

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