Nacionalizar hasta las residencias de ancianos

El asunto no se ha dado por cerrado, aunque, de momento, la jueza del "caso 8M" haya sobreseído la causa. Lo importante es que lo ha hecho de manera provisional y pendiente de los recursos que se puedan presentar, que los habrá. El delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Franco, se ha librado, por ahora, de ser juzgado por prevaricación en relación a la manifa del 8M. No obstante -que no sabe uno, por eso del pundonor- ha quedado como un verdadero inepto, un inútil que no merece ocupar el cargo de la responsabilidad que es ser delegado gubernativo.

La juez ha cerrado de manera provisional la causa, porque no encuentra indicios de prevaricación en el socialista Franco, pero sí que le afea su falta de preocupación y de interés por los asuntos que como cargo de delegado le confieren. Es decir, que es un inepto que no se merece ocupar el cargo que ostenta. No obstante, Franco se marchará de rositas. Y, de momento, el Gobierno socialcomunista descansa.

Pero, el caso ha dejado al descubierto la estrategia del Gobierno de Sánchez de asalto a las instituciones del Estado y de su peligroso afán por controlar la Justicia. El ministro de Justicia, Marlaska, que es juez aunque no lo parezca, se inmiscuyó descaradamente en las investigaciones judiciales del "caso 8M", encargadas por una juez a la Guardia Civil. Marlaska quiso saber de esos informes más que la propia juez e instigó al coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos para que le entregara esos informes. Al negarse el coronel a delinquir -porque habría cometido delito si se los hubiera entregado al ministro-, Marlaska lo destituyó de manera fulminante, alegando que era por cuestión de confianza; el segundo de la Guardia Civil dimitió como protesta por el cese y hasta tres coroneles rechazaron, en solidaridad con Pérez de los Cobos, ocupar su puesto.

Estando el caso en marcha y habiendo llamado la juez a declarar a Franco como investigado, tanto la Fiscalía General del Estado, como la Abogacía General del Estado "achucharon marranamente" a la juez para que esta cerrara el caso, incluso con manifestaciones verbales ofensivas para la magistrada. De la Abogacía General del Estado, no se podía esperar otra cosa, tras su vergonzosa actuación durante el juicio del Golpe de Estado de los delincuentes catalanes: fue la Abogacía la que solicitó al Tribunal de Marchena -¡Eso es otro cantar!- que se condenara a los acusados por sedición, en vez de rebelión. Y no pidió la Abogacía la absolución para los golpistas, porque ya habría aparentado demasiado descaro.

Ahora, tras la infame llegada a la Fiscalía General del Estado de la exministra socialista de Justicia, Dolores Delgado, tampoco es de extrañar que el Ministerio Fiscal pidiera el cierre de la cusa del 8M, además de manera insistente. ¡Como la Fiscalía, como dice Sánchez, depende de él! Pues, ala, los ciudadanos nos quedamos sin lo que se supone nuestro mayor defensor: la Fiscalía. De hecho, no se dieron a conocer los nombres de los fiscales, ni de la primera ni de la segunda vez, que firmaron la petición de sobreseimiento de la causa. A estos fiscales les daba vergüenza que se conocieran sus nombres, máxime cuando el mano derecha de la exministra y actual Fiscal General del Estado "metió mano" en el escrito de los fiscales, que además, se ha sabido ahora, estaban en contra de pedir el archivo de la causa, aunque se esperaban este desenlace.

Lo que sí resulta evidente es que el Gobierno socialcomunista va a por todas. Ansía planear sobre los tres Poderes del Estado, reformar la Constitución y cargarse la Monarquía. Después llegarán Venezuela, Irán y Rusia. Y el exprópiese -hasta las residencias de ancianos-, no lo olviden.